Un despido se considera improcedente cuando la empresa no acredita la causa que ha utilizado para extinguir el contrato o incumple requisitos formales esenciales. La calificación no depende del nombre que figure en la carta, sino de los hechos, las pruebas y el procedimiento seguido.
La improcedencia puede afectar tanto a un despido disciplinario como a uno objetivo. Si el trabajador no está de acuerdo, debe reaccionar con rapidez: el plazo para impugnar el despido es de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que el despido produce efectos.
En los procedimientos de despido, el mes de agosto y el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero no suspenden por sí mismos el cómputo del plazo, al estar esta modalidad procesal expresamente exceptuada de la regla general de inhabilidad. Sí continúan excluyéndose sábados, domingos y festivos
Qué es un despido improcedente
El artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que el despido disciplinario será improcedente cuando no se acredite el incumplimiento alegado por la empresa o cuando su forma no se ajuste a los requisitos legales.
En los despidos objetivos, la improcedencia también puede derivar de la falta de acreditación de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas alegadas o, en su caso, de las causas vinculadas a la persona trabajadora, como la ineptitud sobrevenida o la falta de adaptación en los términos legalmente previstos. También puede producirse cuando se omiten determinadas formalidades esenciales previstas en el artículo 53 del mismo texto legal.
Por tanto, un despido no es improcedente simplemente porque el trabajador lo considere injusto. Para determinar su calificación hay que revisar la causa indicada, la prueba disponible, la carta, el convenio colectivo aplicable y la forma en que la empresa ejecutó la decisión.
Cuándo se considera un despido improcedente

La empresa no demuestra la causa alegada
La empresa debe probar los hechos en los que basa el despido. En un despido disciplinario no basta con utilizar expresiones generales como “pérdida de confianza”, “bajo rendimiento” o “desobediencia”. La carta debe describir conductas concretas y, si el asunto llega a juicio, esas conductas deben quedar acreditadas.
En un despido objetivo ocurre algo similar. La empresa debe demostrar la causa alegada y su relación con la extinción del puesto. Una situación económica negativa, por ejemplo, no justifica automáticamente cualquier cese: debe acreditarse la causa alegada y existir una conexión suficiente entre dicha causa y la medida extintiva adoptada.
Los hechos no justifican la máxima sanción
El despido disciplinario exige un incumplimiento grave y culpable. Aunque la conducta exista, debe valorarse su entidad, el contexto, la reiteración, los antecedentes y las previsiones del convenio colectivo. Cuando la reacción empresarial resulta desproporcionada, el órgano judicial puede concluir que los hechos no justificaban la extinción del contrato.
No existe una regla automática aplicable a todos los casos. Una misma conducta puede recibir una valoración distinta según las funciones del trabajador, el perjuicio causado, el grado de confianza propio del puesto y las circunstancias acreditadas.
La carta de despido es insuficiente
El artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores exige que el despido disciplinario se comunique por escrito e indique los hechos que lo motivan y la fecha de efectos. Una comunicación verbal o una carta que no permita al trabajador conocer adecuadamente qué se le atribuye puede dar lugar a la improcedencia.
La empresa no puede utilizar después el juicio para reconstruir una carta genérica. La defensa se prepara a partir de los hechos comunicados, por lo que deben estar suficientemente identificados. El convenio colectivo puede añadir otras exigencias formales que también deberán comprobarse.
Se incumplen requisitos esenciales del despido objetivo
En un despido objetivo, la empresa debe entregar una comunicación escrita que exprese la causa y, como regla general, poner simultáneamente a disposición del trabajador la indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades. La ley contempla una excepción concreta cuando se alegan causas económicas y no es posible efectuar ese pago, siempre que se haga constar en la carta.
La omisión de una formalidad esencial puede determinar la improcedencia. Sin embargo, es necesario identificar qué requisito se ha incumplido, porque no todos los errores producen el mismo efecto.
No se ofrece audiencia previa en un despido disciplinario
La STS 1250/2024, de 18 de noviembre, aplicando el artículo 7 del Convenio número 158 de la OIT, estableció que antes de un despido disciplinario debe ofrecerse al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos relacionados con su conducta o rendimiento.
Esta audiencia debe ser anterior a la decisión definitiva y permitir una defensa real. No equivale necesariamente a un expediente formal, salvo que la ley o el convenio colectivo lo exijan. El propio Convenio contempla una excepción cuando no pueda pedirse razonablemente al empleador que conceda esa posibilidad.
La doctrina actual resulta aplicable a los despidos disciplinarios adoptados después del cambio jurisprudencial. La falta de audiencia previa puede conducir a la improcedencia, pero deben analizarse la fecha del despido, las circunstancias del caso y las reglas específicas del convenio.
No se respetan garantías especiales
Los representantes legales de los trabajadores y los delegados sindicales cuentan con garantías específicas. En determinados supuestos debe tramitarse un expediente contradictorio. Si la empresa conoce que el trabajador está afiliado a un sindicato, también debe dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección correspondiente.
Estas garantías no deben confundirse con la audiencia previa general exigida actualmente en el despido disciplinario. Además, el convenio colectivo puede establecer trámites adicionales cuyo incumplimiento deberá valorarse.
Errores que no producen automáticamente la improcedencia
No cualquier irregularidad convierte el despido en improcedente. El artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores aclara que, en el despido objetivo, la falta de preaviso o un error excusable en el cálculo de la indemnización no determinan por sí solos la improcedencia. La empresa deberá abonar los salarios correspondientes al preaviso omitido o completar la indemnización.
Tampoco el impago del finiquito convierte automáticamente el despido en improcedente. El finiquito recoge cantidades pendientes, como salario, vacaciones no disfrutadas o pagas extraordinarias. Su reclamación puede acumularse cuando proceda, pero debe diferenciarse de la impugnación del despido.
Diferencias entre despido procedente, improcedente y nulo
| Calificación | Cuándo se produce | Efecto principal |
| Procedente | La empresa acredita la causa y cumple los requisitos aplicables. | Se mantiene la extinción en los términos legalmente previstos. |
| Improcedente | No se acredita la causa o se incumplen formalidades esenciales. | Readmisión o indemnización, según a quién corresponda elegir. |
| Nulo | Existe discriminación, vulneración de derechos fundamentales u otro supuesto legal de nulidad. | Readmisión obligatoria y salarios dejados de percibir. |
La nulidad no es una versión más grave de la improcedencia. Responde a causas distintas y produce consecuencias diferentes. Por ejemplo, un despido discriminatorio o contrario a derechos fundamentales puede ser nulo, no simplemente improcedente.
Consecuencias de un despido improcedente
Cuando una sentencia declara el despido improcedente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores permite optar entre la readmisión y el pago de una indemnización. Como regla general, la elección corresponde a la empresa y debe efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.
Readmisión y salarios de tramitación
Si la empresa opta por la readmisión, el trabajador debe reincorporarse en las mismas condiciones que tenía antes del despido. También procede el abono de los salarios de tramitación en los términos legalmente previstos.
Indemnización por despido improcedente
La indemnización general equivale a 33 días de salario por año trabajado, con prorrateo por meses para los periodos inferiores al año y un máximo de 24 mensualidades.
Para contratos anteriores al 12 de febrero de 2012 se aplica un régimen transitorio: 45 días por año por el tiempo trabajado hasta esa fecha y 33 días por año por el periodo posterior. El cálculo está sujeto a los límites establecidos en la disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores.
Si la persona despedida es representante legal de los trabajadores o delegada sindical, el derecho de opción le corresponde a ella. En ese supuesto existen reglas específicas sobre readmisión y salarios de tramitación.
Cómo reclamar un despido improcedente
1. Revisar la carta y la fecha de efectos. Conviene conservar la carta, el contrato, las nóminas, el convenio colectivo y las comunicaciones relacionadas con los hechos. Firmar la recepción como “no conforme” puede dejar constancia de la disconformidad, pero la firma no impide reclamar.
2. Controlar el plazo de 20 días hábiles. El artículo 103 de la Ley reguladora de la jurisdicción social establece un plazo de caducidad. No se computan sábados, domingos ni festivos en la sede del órgano jurisdiccional.
3. Presentar la papeleta de conciliación. Como regla general, En Galicia, la conciliación previa se tramita ante las Secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Xunta de Galicia
4. Presentar la demanda si no hay acuerdo. La presentación de la papeleta de conciliación suspende el plazo de caducidad. El cómputo se reanuda al día siguiente de celebrarse o intentarse la conciliación o, si no se ha celebrado, una vez transcurridos 15 días hábiles desde su presentación. La demanda deberá presentarse dentro del tiempo que reste del plazo de 20 días hábiles.
El contenido de la papeleta resulta importante porque delimita la reclamación y puede influir en la demanda posterior. Antes de presentarla conviene revisar tanto la posible improcedencia como la existencia de indicios de nulidad o de cantidades pendientes.
Quién reconoce o declara la improcedencia
La empresa puede reconocer la improcedencia y alcanzar un acuerdo con el trabajador durante la conciliación. Si no existe acuerdo, corresponde al Juzgado de lo Social decidir, a partir de las alegaciones y pruebas, si el despido es procedente, improcedente o nulo.
La afirmación incluida por la empresa en la carta no cierra la cuestión. Un despido presentado como disciplinario u objetivo puede recibir otra calificación después de ser impugnado.
Preguntas frecuentes sobre el despido improcedente
¿Se puede reclamar aunque haya firmado la carta?
Sí. Firmar la recepción acredita normalmente que se ha recibido el documento, no que se acepten los hechos o la calificación. Es aconsejable anotar la fecha real de entrega y, si existe disconformidad, añadir “no conforme”. Lo decisivo es no dejar transcurrir el plazo de reclamación.
¿Un despido verbal puede ser improcedente?
Sí. La falta de comunicación escrita puede incumplir las exigencias formales del despido. Sin embargo, el trabajador deberá poder acreditar que la empresa puso fin a la relación laboral y en qué fecha ocurrió.
¿Existe derecho al paro tras el despido?
El despido sitúa al trabajador en situación legal de desempleo cuando cumple los demás requisitos. El SEPE aclara que no es necesario impugnar el despido para solicitar la prestación. Si posteriormente se produce una readmisión o se reconocen salarios de tramitación, deberá regularizarse la prestación según corresponda.
¿La empresa siempre debe readmitir al trabajador?
No. En un despido improcedente, la regla general permite a la empresa elegir entre readmisión e indemnización. La elección corresponde al trabajador cuando es representante legal o delegado sindical. En cambio, el despido nulo conlleva la readmisión obligatoria.
Qué debe hacerse ante un posible despido improcedente
La causa alegada, la carta y los trámites seguidos deben analizarse conjuntamente. Una revisión temprana permite identificar defectos formales, valorar la prueba y preparar la papeleta de conciliación sin poner en riesgo el plazo de 20 días hábiles.
En GL Abogados ofrecemos asesoramiento laboral a trabajadores y empresas y asistencia en procedimientos de conciliación y reclamaciones por despido. Si necesitas revisar una decisión extintiva o preparar su impugnación, puedes contactar con el despacho para estudiar tu caso.



